AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, SECCIÓN 12ª – Madrid, a 25 de julio de 2012. Indemnización 157.515,77 €

En Madrid, a veinticinco de julio de dos mil doce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, los Autos de Procedimiento Ordinario nº 134/08, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Majadahonda, a los que ha correspondido el Rollo nº 145/11, en los que aparece como demandante-apelante COMUNIDAD DE PROPIETARIOS … …., representada por la Procuradora Dª Itziar …. …  y como demandados-apelados D. Ricardo … … y D. Fernando … …, representados por el Procurador D. José … … y como demandados-apelados D. Juan … … y Desarrollo de Activos Inmobiliarios S.A, que no han comparecido en esta instancia sobre reclamación de cantidad, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José …. …

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

Segundo.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Majadahonda, se dictó sentencia con fecha, cuya parte dispositiva dice: “FALLO: Que estimado parcialmente la demanda interpuesta por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS … … de Madrid representados por la Procuradora Dª Itziar … … contra DESARROLLOS Y ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A representada por el Procurador D. José María … …, D. Ricardo … …, representado por el Procurador D. Ángel Ramón … … y D. Fernando … … representado por el Procurador  D. Ángel … …  y contra D. Juan Carlos … … representado por el Procurador D. Aníbal … … debo condenar y condeno a DESARROLLOS Y ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A, a D. Ricardo … …, a D. Fernando … .. y a D, Juan Carlos … … a abonar solidariamente por defectos  constructivos a la comunidad de propietarios actora a la cantidad de 16.482 euros y a DESARROLLOS Y ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A a abonar a la actora la cantidad de 47.494 euros. No se hace expresa imposición de costas”.

Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios demandante se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, dándose traslado a las otras partes que se opusieron y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose auto con fecha de 7 de junio de 2011 por el que se acordaba admitir en parte prueba documental, con el resultado que obra en el rollo, señalándose para deliberación, votación y fallo el pasado día 20 de Junio, que ha tenido lugar lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La comunidad de Propietarios del edificio sito en …. …, de Madrid, reclama en este proceso la indemnización correspondiente a los daños y defectos constructivos que imputa, en una u otra medida, a la constructora-promotora, y a los técnicos intervinientes en el proceso de edificación.

Así, de los trece defectos que se describen en la demanda, reclama a la promotora por todos ellos, mientras que a los técnicos los exonera de los defectos designados, con los números 6, 9 y 10 reclamándoles por los restantes.

Además, entiende que hay diversos incumplimientos contractuales de la promotora (falta de acceso directo del portal 7 a los espacios comunitarios, defectos de superficie en tendederos, y defectos de ejecución del vado del garaje), por los que reclama la pertinente indemnización únicamente a la constructora.

La Juez de Primera Instancia, siguiendo únicamente el dictamen pericial desarrollado por el perito designado judicialmente, estima en parte la demanda.

Contra dicha sentencia recurre la demandante, planteando en primer lugar la nulidad de la prueba pericial judicial, o subsidiariamente, la nulidad de actuaciones, al no estar incluido el perito designado de aquella forma en las correspondientes listas. Y, en cuanto al fondo, tras señalar los errores en que, a su juicio, incurre la Juez de Primera Instancia, reitera cada una de las peticiones de la demanda que no fueron acogidas.

SEGUNDO.- La prueba pericial a desarrollar por perito designado judicialmente requiere inexcusablemente que el que sea designado esté incluido en las listas que se forman conformen determina el artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y sólo de los incluidos en dichas listas puede extraerse el perito.

Así pues, la inclusión en la lista es presupuesto habilitante para poder proceder a la designación. Al tratarse de un presupuesto netamente procesal, se distingue de las causas de recusación, vinculadas todas ellas a la posible falta de imparcialidad del perito, que deben ser expuestas en el momento anterior a la emisión del dictamen, si fueran conocidas (artículo 125 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

La infracción del artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede llevar consigo sino la nulidad de la prueba, en el sentido de no poder ser examinada, ya que no se cumple el presupuesto habilitante. Por ello, constando que el perito designado judicialmente no se hallaba incluido en las listas suministradas por el Colegio de Arquitectos en el año 2008, en el que fue designado como perito en este proceso (oficio unido al rollo de Sala), se produce la consecuencia antes dicha.

No pueden, en cambio, considerarse todas las demás razones y argumentos que, sin más prueba que la simple elucubración, emite la parte apelante, pues ni se prueba que carezca el perito del título Arquitecto (extremo que no se menciona en modo alguno en el oficio del Colegio), ni que tenga un interés o connivencia con la promotora demandada. En todo caso, quiere esta Sala reseñar la escasa transcendencia que, para la resolución de las cuestiones controvertidas, tenía un informe que se añade a los dos ya aportados con los escritos alegatorios y que en buena parte coincide con uno u otro, pues basta el examen crítico y pormenorizado de aquéllos para dar solución jurídica a aquellas cuestiones.

TERCERO.- Para el examen del resto del recurso, seguirá esta Sala un orden, en cierto modo, diverso al que expone el apelante, pues estimamos preferible seguir la misma secuencia que la expuesta de la demanda y en los informes periciales desarrollados por Doña María Victoria… … y por Doña María Luisa … …. A ello obliga que, dado el sentido de la sentencia (basada en exclusiva en el informe que no se puede examinar), y del recurso, deba este Tribunal, en realidad, volver a examinar íntegramente todo el material del proceso.

Por otro lado, y dada la estimación parcial se distinguirá aquellos efectos apreciados y estimados en la sentencia, respecto de los cuales la apelante únicamente discrepa en su valoración, de aquellos otros completamente omitidos o no apreciados en la sentencia. La diferencia es muy importante en este caso, pues si en los primeros la atribución de responsabilidad que ha hecho la Juez ha quedado firme, al no haber sido objeto de apelación alguna, en los segundos esta Sala ha de examinar no sólo la valoración sino también la responsabilidad que, entre los distintos demandados, corresponda.

Lógicamente, en los primeros se habrá de corregir los evidentes errores materiales que se denuncian con toda justificación en el recurso.

Y, también con carácter introductorio, se ha de consignar que la valoración que la perito de la demandante efectúa no puede, sin más ser acogida, pues incide en un evidente error: a la cantidad en que fija el importe del presupuesto de ejecución material, le suma el 19% de beneficio industrial y costes generales, y a la resultante de ello le incremente el IVA, y a todo ello, le suma, a su vez, el 5% como coste estimado de honorarios y licencias. Con esta forma de proceder, se produce una reduplicación pues se fijan los honorarios y licencias sobre la cantidad que ya incluye otro impuesto como es el IVA. Por eso, fijaremos el importe neto de la reparación y, sobre él, se añadirán los costes generales, licencias, honorarios e Impuesto sobre el Valor Añadido, según corresponda.

CUARTO.- El primer defecto (apreciado en la Sentencia) se describe como humedades de filtración a través de cerramientos verticales de sótanos.

La diferencia de valoración entre los dos informes está en la distinta extensión del daño que aprecia una y otra perito, pues mientras la de la demandante estima una sustitución muy amplia (300 metros), la de los demandados considera que basta con la reparación en una extensión bastante menor. Se sigue este segundo informe, pues tanto por los dictámenes como por el visionado de las fotografías a ellos unidas, se considera que las humedades son puntuales, y es suficiente con la propuesta hecha por la perito Sra. …..

El importe de reparación es, por tanto, de 15.326,30 euros.

QUINTO.- El segundo defecto (también apreciado en sentencia) es el referido a filtraciones a través del forjado del patio.

Nuevamente, la perito de la demandante propone una reparación total, con un coste de 17.600,55 euros, mientras que la de los demandados propone la reparación de los puntos afectados, con un coste de 2.331,56 euros. Se acoge está última, pues es proporcionada a la importancia y extensión del defecto advertido, que es puntual o acotado.

SEXTO.- El tercer defecto (también apreciado en sentencia) es el relativo a los problemas de estanqueidad de red horizontal de saneamiento colgada del techo del garaje.

Se han producido manchas de humedad que, según las fotografías aportadas en los dictámenes que se consideran, se localizan en torno a los pasos de instalaciones coincidentes con cazoletas y sumideros, lo que la perito Sra. Sánchez denomina “puntos de recogida de las redes de saneamiento”.

En este extremos, hay práctica coincidencia de la valoración de la reparación, siguiendo la de 2.247,52 que se incluye en el informe de la perito Sra. ……….., cuya valoración se muestra más fundad al contener un mayor desglose de los distintos capítulos que conforman la propuesta de reparación (página 3 del anexo de su informe).

SÉPTIMO.-  El cuarto defecto se centra en la falta de acceso directo del portal 7 al espacio donde se ubica la piscina. No se estima en la sentencia, sobre la base de no conocer la empresa que lo efectuó. Tal razón, desde luego, se desestima, pues no hay otra empresa que la promotora, ni otros directores facultativos que los demandados.

La explicación a esta situación, relatada en la demanda, es que el espacio por donde se iba a proceder al acceso directo de ese portal al referido espacio, se enajenó, ni la altura libre que ha de tener la escalera, ni la accesibilidad de personas con minusvalía. La solución propuesta por la perito de la demandante (instalación se sillas salva escaleras) se estima correcta, como único medio de  paliar el daño, y se valora, conforme al dictamen de dicha perito, en 16.811,24 euros.

De ello responden todos los demandados, pues, además del incumplimiento de la promotora, los técnicos permitieron una solución que no cumplía las especificaciones de accesibilidad.

OCTAVO.- En relación al defecto que se define en la demanda como defectuoso suministro de los cristales de protección de descansillos de escaleras (defecto 5º), no ha conseguido acreditar la demandante que efectivamente exista tal defecto.

Los dictámenes son contradictorios, y no puede recurrir la apelante, como hace en su recurso, a afirmaciones que dice obtenidas de la página web de la empresa suministradora, pues debió aportar la prueba en el momento correspondiente. En todo caso, no se acredita que los cristales instalados representen peligro o riesgo alguno, y a quien reclama corresponde la prueba del defecto, de modo que esta concreta petición ha de ser desestimada. Como ya hizo la Juez de Primera Instancia.

NOVENO.- El sexto defecto se imputa por la demandante únicamente a la promotora. Consiste en fisuras en distintos cerramientos del sótano.

Sigue esta Sala la valoración emitida por la perito Sra. ………..… que es mucho más detallada que la de la perito Sra. …………., que se limita a establecer “cantidades alzadas”. Así pues, el importe será de 1.230, 32 euros, del que únicamente responderá la promotora.

DÉCIMO.- Respecto de los defectos iniciales de los ascensores (defecto 7º), la Juez de Primera Instancia no los reconoce por estar subsanados.

El razonamiento es absolutamente erróneo, pies lo que se reclama en la demanda es precisamente el importe de la reparación que tuvo que efectuar y que ascendió a 11.377,28 euros, lo que se acredita con los documentos 53 y 54 de la demanda.

Las dos peritos, además, corroboran que tales defectos existieron.

La responsabilidad abarca a todos los demandados, pues, aparte de la general que corresponde a la demandada protectora, a los técnicos les incumbía comprobar, antes de  certificar el final de obra, el correcto funcionamiento de las instalaciones.

DÉCIMOPRIMERO.- El octavo defecto se relaciona con el defectuoso funcionamiento de los shunt de ventilación, que darían lugar, según el informe de la perito Sra. ………..…, a malos olores en zonas comunes y en algunas viviendas, manifestando dicha perito que ella pudo apreciar esos malos olores en cocinas, aseos y cuartos de baño.

Por su parte, la perito Sra…………… dice no haber podido constatar ese defecto, aunque reconoce que no es siempre fácil que se pueda apreciar justamente en el momento de la inspección. Por sus indagaciones, localiza el problema en algunas viviendas de los portales 6 y 7, y las relaciona con un restaurante asiático existente en el portal 7.

En este extremo se aprecia que el dictamen de la Sra. ………..… detecta incumplimientos evidentes, relativos a la altura de lagunas de las chimeneas, que no rebasan el metro de altura que esta ordenado, y luego especula sobre las posibles causas de los malos olores diciendo que: “a nuestro juicio y con la información disponible, pudiera tratarse un defecto con origen y participación de varias obligaciones incumplidas”.

La perito Sra. ……….. realiza una labor de búsqueda de la causa, de modo que descubre una cata que estaba sellada, y reconstruye lo que oculta con la fotografía que le aporta un vecino (que identifica con su apellido) y que demuestra que desde el local destinado a restaurante se aprovechó el conducto shunt disminuyendo la sección del elemento de ventilación comunitario. La perito valora una partida para reponer a su estado original la chimenea de ventilación, que valora en 3.000 euros.

A ella ha de estarse, pues se identifica en este informe plenamente la causa.

La responsabilidad es imputable únicamente a la promotora.

Los documentos que invoca la apelante (números 5, 10 y 13 de la demanda), revelan que los malos olores siempre han estado vinculados o relacionados con aquel restaurante, y que fue la promotora, después de la entrega del edificio, la que procedió a independizar la salida de humos del restaurante, con el resultado antes expresado de ocupar espacio de la salida de humos de las viviendas y disminuir su capacidad de evacuación. Ciertamente, que se debería indemnizar, además, por el valor de levantar las chimeneas hasta que cumplan la normativa, pero la demandante, que ha preferido ejercitar una acción de reclamación de cantidad en lugar de reparación in natura, no reclama por ello, sino por la instalación de caperuzas, motores eléctricos o extractores eólicos, que representan una mejora evidente.

DÉCIMO SEGUNDO.- En relación a la impermeabilización de los muros de urbanización (defecto nº 9) coinciden las dos peritos en el importe de su reparación, ascendente a 366 euros, y por ellos, se reconocer tal capítulo, conforme a lo postulado en la propia demanda y referido sólo a la promotora, tal y como así se solicitó en dicho escrito rector.

DECIMOTERCERO.- El décimo defecto, consistente en filtraciones en ático, se imputa también únicamente a la promotora.

Según el informe aportado con la demanda, y así se recoge en ésta, las humedades habrían afectado al piso 5º B del portal 5.

A este respecto, la acción indemnizatoria no se basa tanto en el informe pericial, sino en el coste real de la reparación acometida por la propia Comunidad demandante, cuya reparación ascendió a la cantidad de 5.152,20 euros (documentos 55 a 59 de la demanda).

Estando justificada tanto la causa del daño, como el importe de su reparación, ha de ser reconocida en la cantidad objeto condena.

DECIMOCUARTA.- En el defecto undécimo se produce una seria discrepancia en la observación por las dos peritos.

Se refiere el defecto a filtración de agua pluvial en interior de una vivienda coincidente con el alero de hormigón.

La perito Sra. ………….identifica en la vivienda 4º B de portal 8 humedades tanto en el interior como en el exterior, y aporta sendas fotografías.

La perito Sra. …………….  afirma haber visitado la vivienda y no haber detectado ninguna humedad, además que le fue negada, según dice, por la propiedad.

En este caso, no hay afirmación de haber procedido la Comunidad a efectuar reparación alguna.

En este estado de cosas, la petición es desestimable, en cuanto corresponde a la demandante la prueba del defecto, y no debió limitarse sólo al informe pericial, debiendo haber aportado, al menos, el testimonio del propietario afectado para conocer el origen y el estado actual del posible defecto.

DECIMOQUINTA.- Los tendederos (defecto 12º) presentan una dimensión inferior a la exigible según el Plan de Ordenación, pues no llegan a los tres metros cuadrados, y, estando además previsto que en los mismos se situara la preinstalación de aire acondicionado (según la memoria de calidades aportada con la demanda), debían tener, al menos cuatro metros cuadrados.

El defecto es evidente. En este aspecto, el informe de la perito Sra. …………..encubre un juicio jurídico que no es de su incumbencia. En efecto, en la “nota” con la concluye este apartado de su informe viene a decir que respondiendo los tendederos a las medidas del proyecto y habiendo obtenido licencia municipal, no habría daño resarcible.

Con independencia de que el juicio jurídico no pertenece al perito, se olvida con ese razonamiento que el adquiriente de una vivienda tiene derecho a la plena legalidad de la misma, lo que incluye el cumplimiento de todas las especificaciones que se deriven del Plan de Ordenación, y si ellos se deriva un daño, tiene derecho a su resarcimiento. Ello es independiente de que se haya obtenido o no la licencia urbanística, pues lo que se enjuicia en esta relación jurídica son los derechos y deberes entre los particulares, que son distintos a los que se genera entre promotora y Administración.

El daño, en la faceta que ahora se examina, supone el mayor coste que supone instalar el aire acondicionado en la fachada en lugar del tendedero, que era donde estaba previsto, y resulta de imposible realización.

No habiendo otro dictamen al respecto, se ha de reconocer el importe de 64.838,97 euros, que establece la perito Sra. ………….. por el referido concepto.

De ello responden todos los demandados, pues, aparte de la responsabilidad general de la promotora, corresponde también a  los técnicos vigilar y cuidar que tanto en proyecto como sobre todo en ejecución de la obra se cumplan las previsiones del Plan.

DECIMOSEXTO.- Finalmente, no procede reconocer indemnización alguna por el defecto en el vado del garaje (defecto 13º).

El defecto en cuanto a la ejecución del mismo, consiste en el escaso espesor de hormigón en la zona de acera. Es cierto que inicialmente no se concedió licencia, pero también lo es que posteriormente se obtuvo y que la demandante no prueba que en algún momento desde la entrega del edificio no se pudieran usar los garajes, y tampoco se ha probado que no se pudieran usar los garajes, y tampoco se ha probado que el Ayuntamiento haya requerido la subsanación. Por tanto, no hay daño acreditado.

DECIMOSÉPTIMO.- Resta por examinar los capítulos en que el demandante concreta los daños por lo que denomina incumplimiento contractual.

Afecta a la falta de acceso del portal 7 al espacio de piscina, a la escasa dimensión de los tendederos, y a los problemas derivados del defecto en el vado del garaje.

A tal respecto, es de advertir que en las acciones de responsabilidad contractual la legitimación, entendida como titularidad del derecho afirmado en juicio, corresponde al contratante, y a quien del mismo traiga causa, sobre todo cuando en esa responsabilidad se incluye daños de carácter moral, bien porque sea directamente afectado un bien espiritual del perjudicado, bien porque el daño material pueda tener una repercusión de este tipo. Por ello, aunque la jurisprudencia haya reconocido acción a la Comunidad de Propietarios para reclamar por los defectos constructivos que afectan no sólo a elementos comunes sino también a elementos privativos, se ha entendido que esa legitimación abarca a la reparación de daños materiales, y como medio de defender y lograr la correcta ejecución de la obra o el correcto  estado del inmueble. Pero no es posible que la Comunidad suplante la voluntad de cada perjuicio en el estricto ámbito de los daños morales por éste padecidos, tanto más cuanto que no se acciona, en este aspecto, en beneficio de cada comunero perjudicado sino directamente en beneficio de la Comunidad que es para la única que se solicita se establezca en su favor la condena.

Y, aunque no se ha discutido en este proceso sobre la legitimación de la Comunidad en este aspecto, la titularidad del derecho es siempre cuestión examinable de oficio, pues no se puede reconocer el derecho a quien sencillamente, y según los propios términos en que se deduce la prestación, no es su titular.

En todo caso, y hecha esta salvedad que permite acotar los efectos de la cosa juzgada que esta sentencia ha de producir, para dar contestación a la cuestión planteada por la Comunidad, se habría de requerir a ésta la prueba del daño y de su concreta repercusión, que no puede ser presumida ni establecida a base de una simple afirmación

Así, en relación al primer defecto, se cifra el daño por la demandante en la depreciación que sufren los elementos privativos situados en el portal 7 al carecer de ese acceso directo. Ahora bien, ninguna prueba aporta sobre tal repercusión, cuando se trata, en su propio planteamiento de un daño que es, ante todo, material. Ni se incluye en los informes periciales cuestión alguna sobre ello, ni se aporta ninguna otra prueba que acredite esa posible depreciación.

En relación a la falta de espacio de los tendederos, y reconocida ya la indemnización del daño producido por el aumento de coste de instalación del sistema de aire acondicionado, se estaría reclamando ya por la Comunidad en base al propio contrato de compraventa de cada adquiriente, en relación a la integridad de la cosa adquirida, cuestión para la que la Comunidad como tal carecería legitimación.

Y, en lo que afecta a los problemas derivados de la tardanza en conseguir la licencia municipal para el uso del garaje, se ha de reiterar lo que antes se expuso: no se ha probado que los propietarios llegaran a estar privados del uso del garaje, aludiendo únicamente la apelante a la situación de “propiedad en precario” que se produjo hasta que se obtuvo la licencia. Pero ningún perjuicio real e indemnizable se ha probado. Por tanto, y por las razones expuestas, estos capítulos indemnizatorios se desestiman.

 

DECIMONOVENO.- Para fijar correctamente la indemnización procedente, se ha de diferenciar entre los componentes que se derivan de cantidades presupuestadas de aquellos otros que se refieren a cantidades efectivamente pagadas por la Comunidad, cuyo reembolso se repercute,

Mientras que éstas pasan a formar parte de la indemnización por su estricto valor, a las primeras se ha de añadir el importe calculado para licencias, honorarios, beneficio industrial, gastos generales e IVA

Pues bien, las cantidades presupuestadas son las relativas a los defectos 1º (15.326,30 euros), 2º (2.331,56 euros), 3º (2.247,52 euros), 4º (16.811,24 euros), 6º (1.230,32 euros), 8º           (3.000 euros), 9º (366 euros) y 12º (64.838,97 euros. El total, salvo error aritmético, es de 106.151,91 euros.

A esta cantidad se le ha de aplicar el 19% por beneficio industrial y gastos generales (20.168,86 euros) lo que da un total de 126.320,77 euros. A esta, además, se le aplica el 2% como costes previsibles de las licencias, que presenta la cantidad de 2.526,41 euros.

Sobre la base del presupuesto neto, se ha de calcular la repercusión de los honorarios de los técnicos, estimados en un 3%, lo que supone 3.184,55 euros.

Y finalmente, el IVA, al 16% (no se trata de obra de rehabilitación, sino de conclusión correcta de la edificación, se aplica sobre el presupuesto de contrata (incluido el beneficio industrial y costes generales) y honorarios, ascendiendo dicho Impuesto a 20.720,85 euros.

El total sería, por tanto, 152.752,58 euros.

Como se habrá apreciado, sigue esta Sala el método propuesto por la perito Sra. ……………., que se estima el más correcto y adecuado a cada uno de los conceptos que forman las partidas indemnizaras.

Finalmente, al importe presupuestado se añaden las cantidades ya satisfechas por la Comunidad, (partidas 7 y 10 por importes respectivos de 11.377,28 euros y 5.152,20 euros), que suponen 16.529,48 euros, y el total de la indemnización, a favor de la demandante, es de 169.282,06 euros.

Tal cantidad ha de ser satisfecha, en su integridad, por la promotora demandada.

VIGÉSIMO.- Los restantes demandados no son responsables de todos los defectos apreciados. En concreto, se les ha de deducir el importe de los defectos 6º, 8º y 9º, que ascenderían a 4.596,32 euros, a los que se añaden los ya expresados conceptos, en la forma ya realizada, lo que, salvo error aritmético, daría un total de 6.614,09 euros.

Por otro lado, tampoco responden del defecto número 10º, por importe de 5.152,20 euros.

Así pues, el total de la cantidad de la que no responden los otros demandados es de 11.766,29 euros. Dicho de otra manera positiva, los técnicos demandados concurren con la promotora al pago de la indemnización hasta la cantidad de 157.515,77 euros.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Las referidas cantidades devengaran desde la fecha de la sentencia de primera instancia y en cuanto a la suma que en ella se establecía, y por el total desde la fecha de esta sentencia de apelación, el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta el completo pago del principal.

VIGÉSIMO SEGUNDO.-  La estimación parcial de la demanda y del recurso de apelación conlleva la no imposición de costas en ninguna de las instancias (artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

VIGÉSIMO TERCERO.- En materia de recursos, conforme a las disposiciones de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, reformada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre se informará que cabe el recurso de casación, siempre que aquél se apoye inexcusablemente en el motivo definido en el artículo 477.2.3º. Sólo si se interpone el recurso de casación podría a su vez interponerse el de infracción procesal (Disposición Final 16ª).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la Autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,

III.- FALLAMOS

Que, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS … …, contra la sentencia dictada por la Ilma. Magistrada Juez de Primera Instancia nº 3 de Majadahonda en Juicio Ordinario nº 134/08, revocamos dicha sentencia, y en su lugar, estimando en parte la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios de …, condenamos a DESARROLLOS Y ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A a abonar a la demandante la cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (169.282,06 euros), a cuyo pago concurrirán, solidariamente y hasta la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (157.515,77 euros), los demandados DON RICARDO … …, DON FERNANDO … … Y DON JUAN CARLOS … …

Las respectivas cantidades devengarán el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la forma expresada en el fundamento de derecho vigésimo primero de esta sentencia.

No hacemos imposición expresa de las costas causadas en ninguna de las instancias.

Contra este sentencia cabe interponer, en las condiciones expuestas en el último fundamento de derecho de la presente resolución, recurso de casación y, en su caso, de infracción procesal, conforme a lo dispuesto en el artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual habrá de ser interpuesto por escrito a presentar en el plazo de veinte días ante este mismo Tribunal, que habrá de cumplir las exigencias previstas en el artículo 481 de dicho Texto legal.

Una vez firme la presente, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, acompañados de certificación al Rollo de Sala y se notificará según lo previsto en el art. 208.4 L.E.C, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.