AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, SECCIÓN Nº. 14 – En Madrid, a ocho de septiembre de 2005.

SENTENCIA Nº. 617

Sentencia Audiencia Provincial de Madríd de fecha 8 de septiembre de 2005, con condena solidaria o promotora, constructora, arquitectos, aparejador, aseguradora de arquitectos y aseguradora de aparejadores al pago de 1.130.323,64 €.

DESPACHO DE ABOGADOS “defectosconstruccion.com” actúa en representación de la comunidad de propietarios.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION Nº. 14

SENTENCIA: 00617/2005

Rollo: RECURSO DE APELACION 278/2004

SENTENCIA

Ilmos. Sres. Magistrados:

PABLO QUCEDO ARACIL
JUAN UCEDA OJEDA
PALOMA GARCIA DE CECA BENITO

En Madrid, a ocho de septiembre de dos mil cinco.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 340/2002, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N.9 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 278/2004, en los que aparece corno parte apelante COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “CUMBRES DE RETAMOSA III” y por el procurador Dª MARIA CONCEPCIÓN DONDAY CUEVAS, y D. ARTURO MOLINA SANTIAGO, y como apelados D. ENRIQUE, D. MANUEL, D. CARLOS, D. JESÚS DAVID, ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRMA FIJA, representados por los Procuradores D. ARTURO MOLINA SANTIAGO, D. JOSÉ PEDRO VILA RODRIGUEZ, Y Dª Mª LUISA LÓPEZ-PUIGCERVER PORTILLO; apelantes y apelados formularon oposición a diferentes recursos en base a los escritos que a tal efecto presentaron, y por último, también como apelado CONSTRUCTORES INÉS RAMOS, sobre reclamación de cantidad, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. PABLO QUECEDO ARACIL.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Madrid, en fecha lo de Diciembre de 2003 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: “Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la COMUNIDAD DE PROPILETARIOS CUMBRES DE LA RETAMOSA III y de los distintos propietarios de las viviendas que integran la misma contra CONSTRUCCIONES INES, contra EUROCO, contra D. MANUEL, contra D. ENRIQUE, contra D. CARLOS y D. JESUS y su aseguradora ASEMAS y contra D. ANTONIO y su aseguradora MUSAAT, debo declarar y declaro que los codemandados CONSTRUCCIONES INES, EUROCO, D. CARLOS, D. JESUS DAVID, ASEMAS, D. ANTONIO Y MUSAAT adeudan solidariamente a los actores la suma total de 126.051,63 euros (ciento veintiséis mil cincuenta y un euro con sesenta y tres céntimos), condenando a los demandados referidos al pago que dicha cantidad debiendo absolver de las pretensiones condenatorias solicitadas por la parte actora a los también codemandados Sr. Y Sr., satisfaciendo cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, excepto las causadas por los codemandados absueltos cuyo pago corresponderá a la parte actora.

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “CUMBRES DE RETAMOSA III” y formulando apelantes y apelados oposición a diferentes recursos, y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para delíberación, votación y fallo el día 20 de Abril de 2005.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales, excepto en el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de asuntos pendientes que pesan sobre esta sección.

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada que no se opongan a los de esta.

PRIMERO.- Planteamiento del debate.
La parte actora y la codemanda Eurocovilar se alzan contra la sentencia de instancia que estimó parcialmente la dentanda y condenó solidariamente a la promotora y a los técnicos encargados de la obra a pagar al actor las indemnizaciones que se fijan en el fallo. Contra ella se alzan ambos con los motivos que, resumidamente, y sin perjuicio de remitirnos a sus escritos de recurso son los siguientes:

Recurso de Eurocovilar.
Sostiene que existe error en la apreciación de la prueba pericial judicial, ya que de su lectura atenta si pueden deducirse e imputarse responsabilidades partículares a cada uno de los intervinientes en la construcción, sin llegar al cómodo expediente de la responsabilidad solidaria de todos ellos. En el informe pericial constan individualizadas las responsabilidades, y habrá que estar a ellas.

De acuerdo con ese criterio mantiene que las condenas que se imponen en sentencia deben distribuirse del siguiente modo: 107.833,28 € para todos los condenados solidariamente, y 18.219,35 € para la empresa constructora dadas las faltas que se le imputan individualmente en el informe pericial judicial.

Recurso de la comunidad de propietarios “Cumbres de la Retamosa III”, y de los comuneros que individuamente que integran en la parte actora.
1º.- Infracción de normas procesales en la proposición y admisión de la prueba pericial judicial.

En la Audiencia Previa se admitió la prueba pericial al amparo del Art.339.2 L.E.C. decisíón que fue recurrida en reposición por el actor. Además de ese recurso, es que desde el 5-6-2002 fecha en que se tiene por contestada la demanda hasta la celebracíón de la Audiencia Previa en 5-5-2003 no se designa el perito, y debía designarse en los cinco días posteriores a la contestación de la demanda. Estima la presentación de infringido el Art. 339.2 L.E.C. en cuanto al momento de la admisión de prueba y designación de perito judicial, y los Arts. 427.3 y 4, L.E.C. en relación con el Art.426 y 339.3.

L.E.C. que exclusivamente admiten la prueba pericial en la Audiencia Previa en casos de pretensiones aclaratorias o complementarías, y el Art.265.4 L.E.C.

2º.- Infracción de normas procesales por vulneración de los Arts. 209.4, 218, y 219.2 L.E.C.

La sentencia concede una indemnización global para todos los actores pero no determina en el fallo o en la fundamentación de derecho la indemnización que corresponde a cada uno de los demandantes, ni las bases para su liquidación, siendo imposible de ese modo la ejecución parcial del título ejecutivo. Por esa razón considera que la sentencia no es precisa ni congruente. Aunque en el suplico se pedía la cantidad total de 1.738.305,4€, en el hecho 50 de la demanda se desglosaban las cantidades reclamadas por los 22 propetarios de las viviendas, y en el fundamento de derecho 4º se especificaba que se acumulaban las diferentes acciones, en acumulación subjetiva permitida por el Art.72 L.E.C.

3º.- Error en la valoración de la prueba, por no haberse dado todos los daños reclamadoo que no fueron objeto de prueba pericial.

Por este motivo reclama las facturas de la empresa STLIMA S. L. por desatrancos, y factura de D. Juan Hernández Rodríguez por otros desatrancos en los que hubo que retirar una tabla de madera de un metro de largo que dificultaba la eficacia de la red de saneamiento.

4º.- Infracción de normas procesales por vulneración de los Arts. 209.4, 218 y 219.2 L.E.C.

Se refiere a las partidas del presupuesto de obra suprimidas por Eurocovilar, consistentes en la eliminación de los elementos de drenaje del muro exterior, del aditivo hidrófugo en el hormigo de címentación, la supresíón de la tela asfáltica de ímpermeabilización del muro de hormigón externo, y en las soleras de hormigón, y por la supresión de de la espuma rígida de poliuretano en las cubiertas y del aislante de fieltro ligero de lana de vidrio.

5º.-. Error en la valoración de la prueba en relación con los daños en viviendas particulares por vicios exclusivos de ellas, e incumplimientos contractuales.

Se refiere a los vicios en las puertas de entrada en las que se ha sustituido el material previsto por otro distinto, a la cabezada en las escaleras de los chalets adosados, a la impermeabílización de las cubiertas de dichos chales, al barniz de políuretano en el parquet de las viviendas, a la puerta metálica del garaje que se ha sustituido por otra de menor calidad y anchura, a la impermeabilización de los muros del Jardin privado, carencia de drenaje en el jardín de los adosados, a la existencia del registro del pozo general de saneamiento en la vivienda nº 7 cuando debía estar en zona común, y a los defectosparticulares en las 22 viviendas de la urbanización.

6º.- Error en la valoración de la prueba en relación con los dafios en la comunidad de propietarios por vicios constructivos e incumplimientos contractuales.

En particular se refiere al cambio de la pendiente transversal de la calle Nº 2 de la urbanización, y a la red de saneamiento. El cambio en la red de saneamiento, y su ejecución de forma distinta a la prevista en el proyecto, ocasiona que se desconozca realmente por donde transcurre la red, y sea difícil subsanar los atrancos y problemas que provoca.

7º.- Error en la valoracíón de la prueba y jurisprudencia aplicable en la imposición de costas de los demandados absueltos a esta representación.

Estima que las costas causadas por la defensa de D. Manuel Rodríquez Barbero y D. Enrique Esteve Dueñas no le deben ser impuestas. Si triunfa el primer motivo no pueden repercutírsele las costas del informe pericial judicial. Además existen motivos excepcionales que impiden la impoeición de costas; era precíso traer a todos los involucrados en la construcción y por eso se los demandó.

SEGUNDO.- Recurso de Eurocovilar.

Es rigurosamente cierto que la solidaridad no esta prevista expresamente en la regulación que el Código Civil hace de la responsabilidad por ruina de edificios, pero no deja de ser menos cierto que esa responsabilidad solidaria se impone desde tres puntos de vista.

Desde consideraciones sociales de protección al perjudicado, facilitándole la efectividad del crédito declarado en sentencia, de forma que sean varios los patrimonios sobre los que hacerlo efectivo.

Desde consideraciones finalistas, porque la complejidad de la construcción. en la que intervienen personas y oficios de la mas variada índole, unificados por el fin de trasformar la realidad creando otra nueva que se entregara al comprador, hace que sea especialmente factible su aplicación; la teoria jurisprudencial favorable a la interpretación extensiva de la solidaridad se basa precisamente en esa preordenacíón; S.T.S. 25-6-2004: “la reiterada doctrina de esta Sala que atenúa el rigor del adverbio “expresanente” del citado Art. 1137 y declara la solidaridad cuando se aprecie una identidad de fin de las prestaciones como destinadas en común a la satisfacción del interés del acreedor, “cual sucede cuando existe una comunidad jurídica de objetivos entre las prestaciones de los diversos deudores” (STS 26-12-2001, que recopila la jurisprudencia al respecto).

Desde las exigencias de las relaciones entre los actores y Eurocovilar, que actúa como gestora de comunidades cuyos miembros pretenden adquírir una vivienda en régimen de autopromoción, también se impone la solidaridad. Su gestión es la de facilitar un resultado final; una cosa futura consistente en una vivienda definida en un plano, y cuya construcción debe vigilar y cuidar que se ejecute según lo previsto y definido en el plano, proyecto etc., documentos que tienen pleno valor contractual en cuanto definen la obligación de hacer del constructor.

Para esa realización tiene a su vez que contratar con terceros y, esos contratos, necesarios para llegar al fin
pactado, originan una cadena sucesiva y reversible de responsabilidades solídarias entre todos los implicados en la construcción, y en favor del destinatario final que, además, ostenta la condición de consumidor en la primera venta de la vivienda.

Es rigurosamente cierto que esa responsabilidad solidaria se modula por la Jurisprudencia, siempre que pueda
individualizarse y distribuirse entre los intervinientes, y que en este caso llay algún defecto en los que pueden imputarse esas responsabilidades particulares, pero la cuestión es bastante más compleja que esa simple afirmación.

Las deficiencias son tantas en calidad y cantidad que obligan a la responsabilidad solidaria, máxime cuando muchas de ellas no son propiamente de ejecución y dirección de obra, sino de modificación de proyecto, a pesar de que se contrató a precio cerrado.

Ante las concausas y las deficiencias de la obra se afirma la responsabilidad solidaria de todos los intervinientes; el gestor de comunidades, luego volveremos sobre el, es un profesional del ramo que no solo debe limitarse a vigilar la construcción. Debe hacer y hacer bien y en esa diligencia profesional se incluye el advertir de los problemas futuros, pedir instrucciones completas y escritas para salvar su responsabilidad, y si es el caso cesar en la gestión. Pero nada de eso ha hecho.

Los actores son los adquirentes del producto final, y parece obvio que deben recibir un producto tan bueno como el dinero que entregan en contraprestación. No están obligados a recibir cosas defectuosas, y para reequilibrar la situación no pueden reaccionar contra su contratante entregando dinero cercenado, defectuoso, o deteriorado que tenga menos valor que el facial correspondiente a las unidades monetarias entregadas.

TERCERO.- Recurso de los actores, infracción de normas procesales en la propuesta y admisión de la prueba pericial judicial.

Es rigurosamente cierto que cuando se propone prueba pericial judicial en los escritos de demanda o contestación, Ley obliga a nombrar los peritos en los cinco días posteriores a la contestación, pero esa previsión legal sin matices origina problemas importantes que obligan a interpretar el mandato legal vaya por delante que el esquema legal es casi imposible de encajar en el juicio verbal, y que en el juicio ordinario presenta más de un contrasentido.

Si se toma al pie de la letra la designación en los cinco días posteriores a la contestación a la demanda, la consecuencia es que la declaración de pertinencia y utilidad de la aprueba se adelanta desde su lugar natural que es la Audiencia preliminar, Art.429 L.E.C., a otro momento inmediatamente posterior a la demanda, en el que aun no se ha definido con exactitud la postura de las partes sobre los hechos, ni se han realizado las alegaciones aclaratorias, complementarias etc., ni en suma se ha perfilado el objeto del proceso; malamente podrá opinar el perito sobre hechos que puede que no necesiten prueba por ser admitidos, y con el inconveniente ahadido del gasto procesal que a la postre pueda ser inútil.

La otra postura, consiste en llevar la decisión sobre la pertinencia y utilidad de la prueba perícial judicial y nombramiento de perito, inicialmente pedido en los escritos de demanda y contestación, a la Audiencia Previa en la que definido completamente el objeto del proceso, pueda decidirse si el dictamen pericial es pertinente y útil o superfluo; podía ocurrir que del resultado de la Audiencia la prueba pericial fuese intrascendente o inútil, o que la fijación del alcance y extensión de su objeto sean distintos del inicialmente previsto.

Lo que ahora nos interesa es que la designación en uno u otro de los momentos no lleva aparejada la nulidad e ilicitud de la prueba; pueden def:enderse los dos momentos como hábiles para la admisión de la prueba y designación judicial del perito; la Audiencia Previa es siempre posterior en cinco días a la contestación a la demanda, y la única virtualidad de la norma es la de evitar que por razón de la designación de perito se retrase el juicio. No se trata de norma que verse sobre los elementos esenciales de igualdad y contradicción que deben presidir los actos de prueba, si no de una norma de utilidad y de tiempo procesal relativo. Lo que realmente prohiben los Arts. 338 y 339 L.E.C. en relación con los Arte. 426 y 427 L.E.C. es que se propongan pruebas períciales extemporáneamente, admitiendo excepcionalmente las que surjan a consecuencia del desarrollo de la propia Audíencia Previa, pero ese no es el caso de autos.

CUARTO.- Recurso de los actores. Infracción de normas procesales por vulneración de los Arts. 209.4, 218 y 219.2 L.E.C.

Tampoco puede prosperar este motivo. Es cierto que en el hecho quinto de la demanda se índividualizan los daños sufridos por los pisos y chalets, y que en los fundamentos jurídicos se habla de acumulación subjetiva de acciones, pero en el suplico, no se hace así. En el suplico, y con toda su fuerza vinculante, no se especifica que cantidad reclama cada uno de los comuneros, ni el concepto por el que reclama. En esas condiciones no puede decirse que el Juez de Instancia viola normas de congruencia y claridad, pues responde al suplico dando menos de lo pedido con carácter global. En cualquiera de los supuestos la cuestión no es tan grave; siempre es posible la distribución a prorrata sobre las peticiones contenidas en los hechos de la demanda.

QUINTO.- Recurso de los actores. Error en la valoración de la prueba, por no haberse dado todos los daños reclamados que no fueron objeto de prueba pericial.

Las facturas por desatrancos en la red de saneamiento de la comunidad y del material necesario para acreditar que discurre por sitio distinto del previsto no pueden darse.

La de desatasco porque no nos consta que la tabla que se dice encontrada en la red de saneamiento fuese abandonada y olvidada por los trabajadores de los demandados.

Tampoco nos satisface el abono de la factura para averiguar que la red transcurre por otro lugar distinto del proyectado; es un coste necesario para realizar el informe pericial de parte, y en ese caso no tiene el carácter de daño constructivo. El problema será del de confección de un plano a osta de los demandados, para que los actores conozcan cual es la ubicación de la red, y el de posibles demandas de terceros frente a los demandados, que para solucionar el problema les impusieron sin su consentimiento una servidumbre de desagüe.

SEXTO.- Recurso de los actores; Error en la valoración de la prueba en relación con los daños en vivíendas por vicios partículares, e Incumplimientos contractuales.

El contrato de autopromoción es un contrato complejo, en el que la finalidad del contratante empresarial es límítar su responsabilidad a través de la autopromoción, de forma que las responsabilidades derivadas de la construcción reviertan en el otro contratante. La finalidad del contratante ordinario no es la de ser promotor, sino la de adquirir una vivienda a su gusto, y por el precio mas barato posible.

Es un contrato gestorio, perteneciente al tronco común del mandato, que se ínstrumenta a través de varios contratos, y en el que el mandato representativo con facultades de disposición desempeña un papel esencial; es el que garantiza la actuación frente a terceros, y permite contratar todos los aspectos de la obra; solar, proyecto, arquitecto, constructor, licencia de obrar., y cuantas actuaciones sean precisas para poner a disposición de sus clientes una vivienda en los términos pactados.

Esta formado por acumulación de contratos no equivalente a la suma de las causas particulares de sus componentes; obedece a su causa única, de la que nacen las obligaciones de las partes.

La responsabilidad del gestor excede de las del mandato representativo, para introducirse en las del contrato de obra. La esencia del mandato es la extensión de los campos negociales no personalísímos del mandante, por medio de terceros a los que dota de instrucciones precisas. En este contrato la posición de los mandantes es completamente distinta: los mandantes malamente pueden dar instrucciones precisas a un profesional de la promoción inmobiliaria.

Las obligaciones del gestor están imbuidas por el rasgo de la profesionalidad y confianza, y por la obligación de resultado, respondiendo de la ejecución de la obra, y de que se haga bíén de acuerdo con la diligencia de un buen profesional del ramo, según plano, proyecto y memoria de calidades etc., y se entregue en el plazo previsto en el contrato.

Dicho de otro modo, sin perjuicio de la acción que corresponda a los demandantes frente a los profesionales que proyectaron y dirigieron la obra, la gestora responde frente a sus clientes por culpa contractual; por la mala elección de terreno, de proyecto, por los defectos de ejecución, y por las variaciones de proyecto que abaraten costes en perjuicio de los destinatarios finales de la obra que contrataron a precio cerrado. Está obligado a desplegar la diligencia profesional necesaria para la satisfacción de sus clientes, y para evitar los dalos causados por mala actuación de aquellos con quienes contrato, y a los que debe vigilar según el contrato.

En esta artículación, la forma de actuar del gestor a través del mandato expreso y representativo trae al círculo de la responsabilidad contractual, al constructor, arquitectos, aparejadores, y a todos los intervinientes en el proceso constructivo.

El problema es que por este concepto no se piden indemnizaciones distintas de las solicitadas por los defectos de construcción; dicho de otro modo, la única utilidad de esta estrategia es añadir un titulo más de imputación para atraer al círculo de los responsables a Eurocovilar, como gestora del proyecto hasta la entrega de las viviendas.

Buena prueba de ello es que en el apartado que nos ocupa se citan partidas tales como eliminación de drenaje de muro, supresión de aditivo hidrófugo, supresión de tela asfáltica de impermeabilización del hormigón externo, y en soleras de hormigón, supresión de la espuma rigida de poliuretano en la cubierta y el aislante de fieltro ligero, que vuelven a repetirse en el motivo siguiente.

SEPTIMO.- Recurso de los actores; Error en la valoración de la prueba en relación con los daños en viviendas particulares por vicios a incumplimientos contractuales.

Examinadas las partidas reclamadas en el recurso y puestas en relación con la sentencia y los distintos informes periciales, la disconformidad fundamental se expresa en la valoración económica de las partidas que en la sentencia sufren una reducción importantísima. Ciertamente las diferencias son abismales pues de la cantidad total pedida en la demanda de 1.738.305,4 € se baja a 121.051€ hay un 92.75% de disminución, que necesita bastante justificación. Nótese que incluso el dictamen pericial emitido a instancia de los arquitectos valora muy similar, pero algo mas alto, tanto como 22.130 € más.

En estas condiciones nuestra valoración se hará tomando como guía el informe pericial del actor por estimarlo mas ajustado a la realidad, dada la cantidad y calidad de las disfunciones.

Asi, en la partida de las puertas de entrada en las viviendas, no tiene fácil justificación que el perito de los arquitectos demandados valore el importe de la sustitución en 2.230 € por vivienda, mientras le perito judicial lo hace en 530,86 €. No hay un solo elemento de juicio que nos permita atisbar porque esa diferencia tan importante, y no sabemos a cpae catalogo de puertas ni a que lista de precios se acogen los peritos para ofrecer valoraciones tan dispares. En esas condiciones nos parece mas razonable estimar la valoración del perito del actor que es intermedia y mas razonable, y que además tiene su apoyo en las normas que gobiernan el cumplimiento de lag obligaciones de entregar cosas determinadas de calidad definida previamente, de forma que si no se cumple con ella deba indemnizarse por el equivalente en dinero y no por cantidad menor.

Si nos fijamos en los problemas por defecto de cabezada, la solución es la misma. Frente a un gasto por vivienda de 8.552.20 € según el informe del actor, el perito judicial reduce a 1.628,73 € por vivienda, sin incluir los conceptos de demolición, desescombro y remates, y lo hace a pesar de que la cabezada es el resultado de un incumplimiento contractual por variación de proyecto, y el perito de los demandados hace una valoración global de 23.968 €.

Cualquiera de las dos cifras, tanto del perito judicial como del de loa demandados nos parecen bajas por ridículas; es impensable que se pueda demoler una escalera, repasar la estructura de planta y volverla a construir adecuadamente y sin riesgo futuro por solo 1.628, 73.€ (270.998 ptas.) por cada una de las viviendas. Nuestra experiencia en casos similares es que la cabezada es un defecto grave de concepci6n y diseño, que solo se elimina con medidas mucho más drásticas que las propuestas.

Respecto de la partida de aislamiento de cubiertas, no estamos de acuerdo con las opiniones del actor. No discutimos que la solución adoptada cumpla las normas tecnológicas de edificación, si cumple la norma la cuestión solo radica en la exigencia contractual de cumplimiento, y en el consentimiento en la variación. De acuerdo con estas ideas, si la comunidad consiente el cambio no puede pedir ahora el cumplimiento in natura, pues admitió otra cosa distinta en pago de la obligación.

Por el contrarío si daremos el importe íntegro del capitulo de barnizado del parquet de las viviendas. Lo mismo que en otras ocasiones, nos parece mas que rídiculo que el importe de acuchillar el suelo de una casa sea de 504,84 €. Las más elementales normas de sentido común nos dicen que esa cantidad es realmente insuficiente.

Mutatis mutandis, puede decirse lo mismo sobre la puerta del garaje, amen de sustituir una por otra de diferente calidad, se disminuyen las medidas reduciendo su anchura útil en 30 cm., con todos los problemas de maniobra para los vehículos, y de uso adecuado del garaje.

También atenderemos los conceptos de drenaje de jardín, e impermeabilización de muros en jardín privado, en los que se ha suprimido la tela asfáltíca y los elementos de drenaje con todas sus repercusiones futuras.

En cuanto a la ubicación del registro general de la red de saneamiento en la vivienda Nº 7 tampoco estamos de acuerdo con la versión de los peritos judicial y de la parte demandada. El respeto al proyecto obligaría a otra cosa, y el no hacerlo y ubicar en el patio de una vivienda los registros de la red de alcantarillado supone un incumplimiento contractual, un riesgo por insalubridad y malos olores, y la imposición de una servidumbre que no estaba prevista y que debe indemnizarse.

Por último, los defectos particulares que se refieren a pequeños detalles e imperfecciones que no hay inconveniente en dar íntegramente; deberían haber sido reparados por la constructora sin necesidad de haber sido demandada.

OCTAVO.- Recurso de los actores. Error en la valoración de la prueba en relación con los daños en la comunidad de propietarios por vicios constructivos a incumplimientos contractuales.

Se refiere al cambio de pendiente transversal en la calle Nº 2 de la urbanización, defecto que favorece la penetración de aguas pluviales en alguno de los chales, concreta mente en los chales Nº 12 a 20.

En este aspecto, también daremos razón a los actores; el cumplimiento del contrato no permite soluciones parciales a modo de parches que intenten remendar una ejecución incorrecta e inadecuada. Como ya dijimos mas arriba la desventaja del propietario es que no puede responder con dinero de baja calidad ante las deficiencias constructivas.

Por el contrario, no estamos de acuerdo con la indemnización por la incorrecta ejecución de la red de saneamiento. La razón es bien simple no se ha probado crue el cambio de ubicación haya ocasionado perjuicios, ni creado atrancos, inundaciones, u otro tipo de problemas que hagan imposible o difícil el uso ordinario de las viviendas o chalets.

El problema se ha solventado imponiendo una servidumbre a terceros, que serán los que tengan legitimación para pedir indemnízación a los demandados por la constitución de ese gravamen de hecho no nos costa que se haya constituido de derecho sin su consentimiento, y sin acreditar que era la única solución factible para dar salida a la red de saneamiento de la urbanización de los actores. La cuestión pude resolverse pues mediante la confección de un plano a costa de los demandados para conocer la ubicación de la rede de saneamiento.

NOVENO.- Recurso de los actores. Error en la valoración de la prueba y jurisprudencia aplicable en la imposición de costas de los demandados absueltos a esta representación.

En el escrito de recurso se asume la absolución de los demandados D. Manuel Rodríguez Barbero y D. Enrique Esteve Dueñas, pero su protesta es por la imposición al recurrente de las costas causadas a estos demandados absueltos.

No estamos conformes con el parecer del apelante. Tras la L.E.C. de 2000 no hay inotivos excepcionales que puedan llevar a la absolución de las costas. Puede haber dudas fundadas de hecho, o de derecho, pero no motivos excepcionales que legalmente no existen como causa de exención de costas.

Vistos los articulos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal de EUROCO, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 14 instancia Nº 9 de los de esta Villa, en sus autos Nº 340/02, de fecha diez de diciembre de dos mil tres.

ESTIMAMOS parcialmente el recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUMBRES DE LA RETAMOSA III, sita en Boadilla del Monte.

Contra la resolución ídentificada en el párrafo anterior.

REVOCAMOS dícha resolución, y sustituimos su fallo por el siguiente:

1º.- ESTIMAMOS parcialmente la demanda, interpuesta por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUMBRES DE LA RETAMOSA III, sita en Boadilla del Monte contra CONSTRUCCIONES INES, EUROCO, D. CARLOS, D. JESÚS DAVID, ASEMAS, D. ANTONIO, Y MUSAAT.

2º.- CONDENAMOS SOLIDARIAMENTE a los demandados a que paguen a los actores la suma de UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.130.323,64 €) de principal con mas sus intereses legales al, tipo del Art.1108 C. C. desde la fecha de la sentencia y los del Art. 576 L.E.C. desde la fecha de esta resolución.

3º.- ABSOLVEMOS a D. MANUEL y a D. ENRIQUE de todas las pretensiones formuladas en su contra.

4º.- IMPONEMOS a los actores las costas de 1ª Instancia causadas a los demandados absueltos, y NO HACEMOS expresa condena del resto de las causadas en ella.

5º.- IMPOMOS A EUROCO las costas de esta alzada causadas por su recurso, y NO HACEMOS expresa condena de las causadas por el recurso del actor.

Hágase saber al notificar esta resolución las prevenciones del art. 248.4 de la LOPJ.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.