SENTENCIA Nº. 157

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION Nº. 8
Rollo Nº: 388/2005
Autos: 160/2004
Procedencia: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 2 DE ALCORCON
Demandante/Apelante: DON … Y DOÑA …
Procurador: SRA: DONDAY CUEVAS
Demandado/Apelado: DOÑA …, DOÑA … Y DOÑA …
Procurador: SRA. MARTÏNEZ MINGUEZ

Ponente: ILMO. SR. D. FERNANDO DELGADO RODRÍGUEZ

SENTENCIA Nº. 157

Magistrados:

Ilmo. Sr. D. Fernando Delgado Rodríguez.
Ilmo. Sr. D. Manuel Camino Paniagua.
Ilmo. Sr. D. José Manuel Arias Rodríguez.

En Madrid, a tres de marzo de dos mil seis.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio ordinario, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Alcorcón, seguidos entre partes, de una, como demandante apelante, DON … Y DOÑA …, y de otra, como demandado-apelado, DOÑA …
VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Delgado Rodríguez que expresa el común parecer de este Tribunal.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
La sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.


PRIMERO.-
Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alcorcón, en fecha 24 de noviembre de 2004, se dictó sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “Que desestimando la demanda de Juicio Ordinario formulada por Dª. … representados por el Procurador Dª. Nieves Baos Revilla contra Dª. … representados por el procurador Dª. María José Pérez Martínez sobre ruidos antijurídicos. Debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos a que se refiere al escrito de demanda, con expresa condena a la parte actora al pago de las cosas procesales.”
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, ante la que comparecieron las partes, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 27 de febrero de 2006.


CUARTO.-
En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
No se aceptan los fundamentos de la sentencia recurrida.
PRIMERO.- En la demanda presentada el 16 de marzo de 2004 en el Juzgado Decano de Alcorcón se solicitó la condena de los vecinos que habitan el piso superior de los demandantes a la obligación de cesar el ruido causado desde la instalación de la tarima flotante en el suelo de la vivienda de aquéllos, por considerarlo perjudicial y antijurídico, debiendo retirar dicha tarima o repararla de modo que no se transmitan ruidos superiores a los establecidos en las normas de aplicación, y el pago de 750 € al mes desde enero de 2001 hasta la efectiva desaparición del ruido en concepto indemnizatorio, más 435 € en concepto de gastos de proceso, e imposición de costas a la demandada.

La parte demandada se opuso a tales pedimentos alegando y probando que la instalación del partquet se produjo el 13 de marzo de 1996, mediante factura unida al folio 65 de autos, e informe técnico de 10 de mayo de 2004, aportado a los folios 67 a 69, no tratándose de tarima flotante. Cuando comienzan las molestias acústicas en el año 2000 es a partir del traslado a la vivienda de los demandados de la hija de la dueña, y dos hijos y nietos respectivamente de ambas, que entonces tenían 8 años y algunos meses. Lo cual fue puesto de manifiesto en la denuncia de los actores de 27 de enero de 2003, folio 18, presentada en el Ayuntamiento de Alcorcón. Y contestada en carta del día siguiente en que se explicó que el límite de los ruidos internos, causados por un vecino y que oye otro, está fijado en 35 decibelios de día, y 30 decibelios de noche.
SEGUNDO.- El informe de medida de ruidos, que obra a los folios 22 a 26 de autos, se realizó entre las 10 y las 10,45 horas del viernes día 28 de noviembre de 2003, bajo el primer dormitorio izquierda de la vivienda de los demandados, arrojando el resultado siguiente: Ruido de fondo: Laeq= entre 40,0 y 49,0.

En la sentencia recurrida no se consideró acreditada la producción de ruido antijurídico mediante el análisis del citado informe en el IV apartado del fundamento jurídico tercero de la misma, concluyéndose con la desestimación de la demanda.
TERCERO.- Los motivos del recurso de la actora se centran en la limitada e incompleta exposición de lo acontecido en el acto de la Audiencia Previa con la supuesta infracción del artículo 426.2 de la LEC, el error jurídico en la apreciación de la antijuricidad del ruido y las normas administrativas aplicables, así como en la valoración de la prueba pericial de medición acústica, y del conjunto de las pruebas aportadas por la parte demandante, y por la contraria, examen del deber de indemnizar, y condena en costas.

La parte apelada se opuso a los motivos del recurso rebatiéndolos puntualmente, y defendiendo los razonamientos de la sentencia impugnada.
CUARTO.- La Sala considera que, atendiendo al primer motivo del recurso, el artículo 426 de la LEC no ha sido transgredido en este caso porque su nº debe ser interpretado en armonía con los apartados nº 1 y 3 en el siguiente sentido << Alegaciones complementarias y aclaratorias. Pretensiones complementarias. Hechos acaecidos o conocidos con posterioridad a la demanda y la contestación. Presentación de documentos sobre dichos extremos, 1.
En la audiencia, los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de éstas expuestos en sus escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en relación con lo expuesto de contrario. 2. También podrán las partes aclarar las alegaciones que hubieren formulado y rectificar extremos secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar éstas, ni sus fundamentos. 3. Si una parte pretendiere añadir alguna petición accesoria o complementaria de las formuladas en sus escritos, se admitirá tal adición si la parte contraria se muestra conforme. Si se opusiere, el tribunal decidirá sobre la admisibilidad de la adición, que sólo acordará cuando entienda que su planteamiento en la audiencia no impide a la parte contraria ejercitar su derecho de defensa en condiciones de igualdad >>.

Y, una vez examinadas las actuaciones de la Audiencia previa consideramos que, tanto el Acta de 29 de junio de 2004, folios 92 y 93, como en su soporte videográfico, el juez ª a quo ” no vulneró dicho precepto legal, resultando la clase del piso de madera instalado en el suelo de la vivienda de los demandados un factor que no debe predeterminar el fallo de la sentencia apelada, sin perjuicio del componente dialéctico de la explicación desestimatoria de la pretensión rectora de autos, en que dicha circunstancia pueda ser tenida en cuenta como resultó comentada en el apartado IV, párrafo segundo, del fundamento jurídico tercero de la sentencia apelada, cuya auténtica importancia matizaremos posteriormente.
QUINTO.- Acerca del segundo motivo del recurso, sobre antijurídicidad del ruido, debemos entender que dicha cualidad jurídica sólo debe predicarse del exceso de ruido los niveles permitidos, según fueron determinados en la comunicación del Ayuntamiento citado, conforme a la normativa administrativa aplicable al caso, a cuyo efecto y el de la trascendencia que tienen las inmisiones acústicas en materia indemnizatoría es relevante la doctrina del TS Sala 1ª, plasmada en Sentencias de 2-2-2001, nº 70/ , Rec. 72/1996, y 13-7-2005, nº 593/2005, Rec. 2390/2000; sobre ruido externo, así como la sentencia de la AP Asturias, Sección 1ª, de 28-2-2000, nº 105/2000, Rec. 158/1999, que entre otras consideraciones, razona que: “En cuanto a los niveles sonoros, la prueba realizada en esta segunda instancia ha sido suficiente para poder concluir, con términos del informe que “los sucesos de ruido derivados de la circulación de trenes por el viaducto generan niveles de ruido en inmisión en el punto de medida que fluctúan entre 65 y 80 dB(A) (Lmax), superando ampliamente los límites considerados molestos”. Es decir, se produce una contaminación acústica que trae como consecuencia la estimación de la acción tanto en relación con la adopción de medidas limitadoras de la misma, como indemnizadoras de los perjuicios y esta decisión ha de adoptarse con independencia de que se cumplan las disposiciones reglamentarias en la materia por todas las SSTS de 16 de octubre 1989, 8 de mayo, 8 y 26 noviembre 1990, 28 mayo 1991, 24 mayo 1993 y 7 de abril de 1997, entre otras)”.

La Ap Zaragoza ha analizado el problema mediante la sentencia de la Sección 5ª de 10-5-2005, nº 260/2005, Rec. 56/2005, del siguiente modo: “En primer lugar es advertir que la protección frente al ruido es la protección frente a una agresión, que por más que la misma no tenga corporeidad, no pierde esa condición, y que tiene o alcanza protección de rango constitucional; no es una mera cuestión de relaciones de vecindad sometida al Derecho Privado. El derecho de una persona a su vida personal y familiar sería fundamento para que la sentencia 199/1996, de 3 de diciembre del Tribunal Constitucional advirtiera que ese derecho puede quedar vulnerado por los daños ambientales. Y en la sentencia del mismo Tribunal 119/2001, de 24 de mayo se enfrente el tema relativo a la injerencia del ruido en los derechos fundamentales a la integridad física (art. 15 CE) y a la intimidad personal y familiar (art. 18), declarando, en cuanto al primero que “cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción y omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el artículo 15 de la Constitución Española” y en cuanto al segundo, que “una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida”.

Pero la protección frente a una incursión de estas características encuentra apoyo no solo constitucional, sino también en el Derecho Privado, pudiendo así equivocarse los arts. 590 y 1908 C.Civill. El primer precepto tutelaría frente a inmisiones cuyo origen se encuentra en una fuente de ruidos, y el segundo precepto autoriza acciones de resarcimiento frente a inmisiones nocivas para las personas, afirmando el Tribunal Supremo de 29 de abril de 2003, que el num. 2 del art. 1908 C.Civil, referido a los “humos excesivos” es transmutable a los ruidos excesivos, en el marco de las posibles conexiones con el art. 590 C.Civil.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afrontado esta problemática en la sentencia de 9 de diciembre de 1994, y la más reciente de 16 de noviembre de 2004 (caso Moreno Gómez contra España), afirmándose en la primera de ellas que “los atentados graves al medio ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute a su domicilio perjudicando su vida privada y familiar, sin por ello poner en grave peligro la salud de la interesada”, considerando que las autoridades nacionales no habían agotado “las medidas necesarias para proteger el derecho de la demandante al respecto de su domicilio, como al de su vida privada y familiar garantizados por el art. 8 del Convenio”. La protección constitucional es el título jurídico, no es algo que se quede en el mundo de las “ideas” o deseos, como se desprendería de la argumentación de la recurrente, sino legalidad y norma de directa aplicación.
SEXTO.- El Problema que se plantea en el supuesto de autos es doble. Por una parte determinar si se produce esa inmisión y se produce, que es lo relevante, en términos jurídicamente no tolerables, lo que presupone determinar primero el límite de la tolerancia acústica debida por razón de vecindad, el Ayuntamiento de Alcorcón explicó que el límite de los ruidos internos, causados por un vecino y que oye otro, está fijado en 35 decibelios de día, y 30 decibelios de noche.

En consecuencia, la normativa administrativa pasa aquí a tener una especial trascendencia, y ello por una doble razón, por una parte porque en esa normativa jurídica privada que hemos citado se presenta un fenómeno de heterointegración normativa: el mismo art. 590 C.Civil invoca las normas reglamentarias para delimitar las condiciones en que se puede realizar la actividad generadora de la inmisión, y por otra porque estas actividades están sometidas a tutela y previo control administrativo. En relación a esta última faceta puede plantearse un sugerente problema: si la norma jurídica privada se complementa con la reglamentaria, y si ésta está controlada administrativamente en su aplicación, no será fácil pretender aisladamente una tutela civil sin previamente cuestionar ante la jurisdicción administrativa la apariencia de legalidad y, por tanto, de normalidad que otorga la tolerancia administrativa. Es verdad que la jurisprudencia civil ha venido invocando la autonomía del derecho privado y el que la observancia de las prescripciones reglamentarias no blindan al agente causante de las inmisiones de las acciones resarcitorias de quienes vean sus derechos conculcados. Y, aunque parece difícil invocar la antijurídicidad o el carácter intolerable de la inmisión del ruido, cuando esa normalidad se configura a través de unos parámetros marcados reglamentariamente por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobada por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre y normas subsidiarias y complementarias de planeamiento municipal de cada Ayuntamiento y que entendiendo sometido su cumplimiento al control de la Administración, pero en este caso, ésta no ha validado las condiciones en las que se desarrolla la actividad en la que se genera la inmisión del ruido.
SÉPTIMO.- En materia de apreciación probatoria en que se basan los motivos tercero a quinto del presente recurso de apelación, hay un hecho nuclear del que hay que partir y sobre el que se ha de construir la resolución de conflicto que aquí se plantea, sobre la distribución de la carga de la prueba en el caso concreto. La actora ha desplegado cuantos medios de prueba ha considerado convenientes, y de los mismos se desprende que las molestias por el ruido causado por sus vecinos del piso superior es innegable, por lo que para corregir esta situación, entiende la Sala que la acción de cesación está correctamente planteada y debe prosperar, si bien con la retirada o reparación de la tarima o del parquet no se acaba con el origen del problema, que reside en la educación de los menores que causan los ruidos, pero no se pide en la demanda ninguna medida en tal sentido, así que consideramos que deberían realizarse otro tipo de reparaciones, en el supuesto que así específicamente se hubieran pedido en el suplico de la demanda, como son la colocación del material aislante que impida la transmisión de ruidos superiores a los fijados como límite en las normas administrativas de aplicación al caso, en el suelo del primer dormitorio izquierda de la vivienda de los demandados, donde realizó la medición que obra a los folios 22 a 26 de autos, reflejada en el anterior fundamento segundo de esta sentencia, porque dicho informe técnico no comprendió las restantes dependencias del mismo domicilio. No obstante, por congruencia con el suplico de la demanda, en el penúltimo fundamento de esta sentencia se precisarán los términos de la condena que resulte procedente, en su caso, no siendo la tarima o el parquet el motivo del ruido, su retirada o reparación no eliminaría su causación, debiendo la Sala ponderar otros factores concurrentes, prosperando en parte estos motivos del recurso que versan sobre la prueba practicada en autos.

A este respecto, resulta muy interesante la doctrina de la Ap Córdoba, Sección 2ª, S 27-4-2004, nº 91/2004, Rec. 36/2004, cuando afirma que en orden a la valoración de la prueba pericial existe un cuerpo de doctrina jurisprudencial muy consolidado (por ejemplo SSTS 8-3-2002 y 26-2-99) en el sentido de que no se trata de juicio de peritos sino de una fuente de conocimientos científicos, técnicos o prácticos que ayudan al Juez, es decir el perito asesora al Juez pero nunca lo sustituye, porque no se trata de un tribunal de peritos, sino de una colaboración importante y no determinante, por sí sola, de la resolución judicial. En esta dirección las SSTS de 11-10-94, 7-3, 11-4 y 16-10-98 nos dicen que por principio general la prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorada por el juez, según su prudente arbitrio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación, ni los art. 348, tienen carácter de preceptos valorativos de la prueba para acreditar el supuesto error de derecho, pues la prueba es de libre apreciación por el juez, y es que las reglas de la sana crítica no están codificadas y han de ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica, pues el juez ni siquiera esta obligado a sujetarse al dictamen pericial, pudiendo sólo impugnarse en el recurso la valoración si la misma es contraria en sus conclusiones a la racionalidad o concurra “las más elementales directrices de la lógica” (SSTS. 28-6 y 15-7-99, 13-2-90 y 25-11-91).
OCTAVO.- Siendo así y valorando el resto de la prueba: Documental, informe técnico aportado con la demanda y testifical practicada en el acto del juicio la Sala entiende que los niveles acústicos de evaluación de la vivienda de los actores superan los niveles límites de inmisión por ruido, mereciendo la calificación de intolerable. Pues bien la jurisprudencia ha declarado con reiteración que frente a inmisiones dañosas o molestas en propiedad ajena los vecinos perjudicados por ellas están asistidos de acción civil para instar, ante los tribunales de esta orden jurisdiccional, el cese la actividad que las ocasiona y el resarcimiento de los daños y perjuicios en su caso producidos, sin que a la aplicación de los mecanismos tutelares civiles por los órganos jurisdiccionales del orden civil sean obstáculo: a) La regulación administrativa más o menos extensa de la de la actividad que las origina, en consideración a los intereses generales, singularmente urbanísticos y medioambientales, eventualmente afectados por ella, porque hay que distinguir lo relativo a la tutela preventiva de los intereses generales o públicos, de inequívoca naturaleza administrativa, de lo que atañe a la propiedad de intereses privados y a su protección, de incuestionable carácter civil -SSTS 12-12-80 y 16-1-89-, b) La remisión de las normas civiles de vecindad a disposiciones administrativas, porque la heterointegración de aquellas no sustrae al Derecho Civil las relaciones que disciplinan, ni traslada sin más el conocimiento y la resolución de sus conflictos a la Administración y su jurisdicción revisora, c) El ejercicio de la actividad inmisora con la preceptiva licencia administrativa, porque dado su alcance limitado a las relaciones entre la administración concedente y el sujeto a quien se refiere y su neutralidad con respecto a los derechos privados de terceros, la actividad emprendida y ejercida con la oportuna licencia puede ser impedida por los tribunales del orden civil a instancia de los particulares cuyos derechos lleguen a verse lesionados por ella, STS de 18-7-97, d) El desarrollo de la actividad con observancia de las normas y medidas administrativas requeridas para su ejercicio, no colocan al obligado al abrigo de la correspondiente acción civil que los perjudicados o afectados pueden ejercitar en defensa de sus derechos subjetivos lesionados, STS 16-1-89, ni alteran la responsabilidad de quienes las cumplen cuando las medidas reglamentarias se revelan insuficientes para evitar efectos lesivos, SSTS 12-2-81, 28-5-91, 4-3-92 y 24-5-93.

Es decir, que la tolerancia administrativa de la generación del ruido permite estimar acreditado el cumplimiento por la instalación emisora de las disposiciones establecidas en interés general para su puesta en funcionamiento; pero en ningún caso llega a legitimar las inmisiones nocivas o molestas que de él puedan derivarse en perjuicio de sus vecinos. Es en este sentido expresivo la SAP Coruña de 10-7-95 cuando establece que no hay obligación de soportar las inmisiones injustas, no importando al efecto, que deriven de actividades plenamente licitas y que cuenten con los correspondientes permisos administrativos, ya que a lo que hay que atender es exclusivamente al dato cierto de la molestia o incomodidad. La SSAP Vizcaya 24-6-99 y Asturias 4-4-2000 declaran, en contemplación al supuesto de inmisión de ruidos, que “aunque la instalación para amortiguar el ruido se adecúe a la normativa administrativa, ello no excluye la responsabilidad que se pueda generar por tal inmisión, pues afectan a las relaciones de índole estrictamente civil entre particulares, como consecuencia de los perjuicios que para la parte actora se derivan de la actuación de la parte demandada”. Las SSAP Cáceres de 21-11-96 y Pontevedra de 5-4-99, también en supuestos de inmisiones ruidosas índica que la “licencia administrativa en nada incide en vía de jurisdicción civil para acordar lo pertinentes por los tribunales sobre el resarcimiento económico o el cese de la actividad causante del menoscabo o la adopción de medidas paliativas de dicha actividad, a fin de no producir molestias, y es que no puede ignorarse que la existencia de licencia… no excluye ni evita una eventual responsabilidad civil sustantiva”.
NOVENO.- Ahora bien no podemos olvidar que el objeto principal de la acción de cesación debe ser la eliminación de las perturbaciones que rebasan el límite de la obligada tolerancia.
Especialmente, tratándose de inmisiones producidas por el uso normal, el cese ha de entenderse prioritariamente referido a la propia inmisión, a fin de suprimirla o reconducirla a los límites de la tolerancia, por lo que su consecución no ha de suponer necesariamente la clausura de la instalación inminente, ni la paralización de su actividad. Siendo posible la cesación de la perturbación con la aplicación de medidas correctoras adecuadas y suficientes de este fin, soluciones tan extremas como las comentadas pasan a un segundo plano, siendo solo procedentes cuando las medidas indicadas se revelan inoperantes o incapaces de contener las inmisiones en niveles tolerables.

Por ello en rigor, la doctrina considera que constatada una inmisión molesta, la elección de la forma de obtener su eliminación corresponde a quien la produce que podrá optar por la fórmula que mejor convenga a sus intereses, siempre que garantice la supresión de la perturbación. En cambio al vecino afectado por ella tan sólo le asiste el derecho a exigir su cesación, pero no el derecho a la adopción de una u otra medida de entre las varias potencialmente aptas para la consecución de ese efecto. Pero, no obstante, la prioridad de las medidas correctoras, su inexistencia, inoperancia o insuficiencia permiten a los tribunales civiles ordenar la paralización de la actividad, sin que a la adopción de esta medida extrema, en defensa de los derechos lesionados por las inmisiones, obste en principio la autorización administrativa de la actividad y su normal ejercicio conforme a las exigencias de los reglamentos que la disciplinan. La licencia y la adecuación a la normativa administrativas no dotan a la actividad y a los derechos implícitos en su ejercicio de una prelación sobre los demás derechos e intereses perjudicados por la inmisión contra la valoración que jurídica y socialmente corresponde a unos y otros.

En cualquier caso, el interés colectivo o general de la actividad que en absoluta legitimaría la omisión de las medidas correctivas posibles, tampoco autorizaría la subordinación de los derechos de los particulares al general sin la previa satisfacción del justo contravalor” a que se refiera la STS, 12-12-80. Efectuadas estas consideraciones previas debemos señalar que si la petición subsidiaria de la demanda se hubiese concretado a que los demandados, por sí, o a su costa, efectuasen todas las reparaciones y adaptaciones necesarias y suficientes de un piso, a fin de aislarlo acústicamente y de vibraciones respecto de la vivienda de los actores, deberían llevarse a cabo esas reparaciones y adaptaciones de conformidad con las soluciones y directrices que se establezcan por el perito judicial, en su caso, que no es el de autos. Debiendo ceñirnos al estrecho ámbito de suplico de la demanda para no incurrir en falta de congruencia, atendiendo además que la STS 27-2-96 precisó que “para el ejercicio de la actividad en el caso de resultar molesta, las condiciones, las medidas correctoras, tratan de compatibilizar el derecho a la libertad de empresa con el derecho de los ciudadanos al descanso, al disfrute de la vivienda, a una convivencia adecuada y a no percibir más ruidos que los autorizados.
DËCIMO.- La alegación penúltima del recurso reiterada el derecho a la indemnización, y entre otros conceptos por daños morales. Frente a dicho motivo del recurso considera la apelada que la sola testifical practicada al efecto no es suficiente para acreditarlos al no haberse aportado ningún parte médico de asistencia, ni menos aún de prescripción facultativa por tratamiento de estrés, ansiedad, etc…;y al respecto la jurisprudencia exige de manera unánime la prueba irrefutable de los daños y perjuicios para poder acordar su indemnización; realidad que no se presupone, cuestionando igualmente la aplicación del art. 1902 CC, dado que no se ha acreditado culpa alguna de los demandados, ni que no hayan intentado por todos los medios a su alcance, suplir las deficiencias que pudieran existir.

El desarrollo argumental del motivo y de su oposición hace necesario precisar que en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad, la derivada de inmisiones sonoras dañosas participan del carácter objetivo predicable de la sancionada en el art. 1908-2 CC “por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades”, en el que resulta perfectamente subsumible, las SSTS, 15-3 y 24-5-93 y 7-4-97 dicen de ella que es una responsabilidad de claro matiz objetivo, por razón del riesgo creado, se trata de una responsabilidad ligada al riesgo o peligro de ciertas formas de explotación que obligan a su titular al empleo de todos los medios necesarios para prevenir y evitar su traducción en daños. La jurisprudencia, aún habiendo residenciado más generalizadamente la responsabilidad civil por inmisiones industriales en el art. 1902 CC_ (STS 3-9-92 en su supuesto de inmisión de ruidos) lo ha hecho con criterios objetivadores fundados en el riesgo creado o mediante el recurso a los distintos expedientes judiciales paliativos de la responsabilidad por culpa que aproximan el tratamiento de estas inmisiones al que se derivaría a la más correcta aplicación del art. 1908-2 (la SAP Madrid 20-11-2000, que cita en el mismo sentido la SAP Toledo 11-3-99, funda legalmente la indemnización o el resarcimiento del daño causado por ruidos y vibraciones en el art. 1908-2 CC). Más en particular la jurisprudencia ha declarado con reiteración en ellas que no es prueba de la diligencia exigible el menor cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y que cuando las medidas adoptadas para prevenir y evitar el daño no han dado resultado positivo, su misma producción revela la insuficiencia de las precauciones adoptadas y la falta de agotamiento de la diligencia exigible al efecto.

Siendo así, es hoy pacífico que las molestias generales por la percepción de inmisiones acústicas superiores a los niveles de tolerancia constituyen un daño moral extrapatrimonial indemnizable. Y es que, aunque de manera inmediata no representen un daño a la salud física o psíquica de quienes le padecen sino un peligro potencial para ella, su percepción sé origina estrés, dificultades para el reposo, la memorización, la concentración y la comunicación verbal, limitaciones en la capacidad de reacción y en el rendimiento de trabajo, físico e intelectual, así como sentimientos de miedo, impotencia, malestar, ansiedad, desasosiego e irritación que en su injusto procedimiento constituyen su verdadero daño moral. Y, como señala la STS 31-5-2000, la situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico. La jurisprudencia más reciente si ha referido a diversas situaciones, entre las que cabe citar el impacto o sufrimientos psíquico o espiritual (STS 23-7-90), la impotencia, zozobra, ansiedad, angustias (STS 6-7-90), la zozobra, como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre (STS 22-5-95), el trastorno de ansiedad, impacto emocional, incertidumbre consecuente (STS 27-1-98), días en particular y por lo que se refiere a las relaciones vecinales la STS 27-7-94 considera daño moral el ataque “al sosiego y legitimo disfrute en paz de los bienes que se han adquirido conforme a la ley y han de ser disfrutados por su posesión pacifica y debidamente respetada por todos.

En la jurisprudencia de las Audiencias puede estimarse también generalizada la consideración como daño moral de la agresión que al sosiego y la tranquilidad en el disfrute de la vivienda causan a sus moradores los ruidos excesivos. Son reflejo de este tratamiento las SSAP Valencia 17-7-90, Asturias 14-9-93; Baleares 1-12-94; Murcia 24-5-97; Barcelona 3-3-99; Asturias 28-2-2000; Lleida 15-9-2000; Salamanca 2-3-2000;y Valencia 19-2-2001. Igualmente probada la realidad y persistencia de una inmisión de ruido por encima de los límites de obligada tolerancia, la certeza del daño moral sufrido por quien se ha visto competido a soportarla no requiere una prueba adicional de las reacciones sentimientos y sensaciones que han acompañado a su padecimiento.

A diferencia de los procedentes de otras distintas causas, los daños morales derivados del ruido hallan en la constatación de las propias inmisiones y de sus intolerables molestias la justificación de su misma realidad, lo que no es sino aplicación a estos casos de la doctrina da la “jure ipsa loquitur”. Así se pronuncia la STS 31-5-2000 cuando analiza la temática planteada, aunque relacionada con la doctrina general sobre la carga de la prueba del daño, presenta ciertas peculiaridades, sobre todo por la variedad de circunstancias, situaciones o formas (polimorfia) con que puede presentarse el daño moral en la realidad practica y de ello es nuestra la jurisprudencia, que aparentemente contradictoria, no lo es así si se tiene en cuenta las hipótesis a que se refiere. De este modo se explica que unas veces se indique que la falta de prueba no basta para rechazar de plano el daño moral (STS 21-10-96) o que no es necesaria puntual prueba o exigente demostración (STS 15-2-94) o que la existencia de aquél no depende de pruebas directas (STS 3-6-91), en tanto en otras se exige la contestación probatoria (STS 14-12-93) o no se admite la indemnización, compensación o reparación satisfactoria, por falta de prueba (STS 19-10-96). Lo normal es que no sean precisas pruebas de tipo objetivo (SSTS 23-7-90, 29-1-93, 9-12-94 y 21-6-99 sobre todo en su traducción económica y que haya de estarse a las circunstancias concurrentes, como destacan las SSTS 29-1-93 y 9-12-94.

Cuando el daño moral emane de un daño material (STS 19-10-96) o resulte de unos datos singulares de carácter fáctico, es preciso acreditar la concurrencia del nexo causal, pero cuando depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justifica la operatividad a la “jure ipsa loquitur” o cuando se da una situación de notoriedad (STS 15-2-94 y 11-3-2000) no es la norma del art. 9.3 LO 1/82 que para las inmisiones en los derechos fundamentales que tutela establece que “la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima”. Y con respecto al importe de la indemnización ha de determinarse valorando las circunstancias de cada caso, particularmente la duración, intensidad y frecuencia de las inmisiones, la normalidad o anormalidad de los usos que las generan, el horario diurno o nocturno en que se producen.

La SAP Lleida 15-9-2000 tras reconocer que la cuantificación del daño moral por ruidos molestos es compleja, indica que han de tenerse en cuenta “las circunstancias concurrentes” y fija prudencialmente la indemnización en un tanto alzado criterio similar siguen las SSAP Barcelona 3-3-99, Valencia 31-7-2000, Cádiz 11-6-2001 y AP Asturias 28-2-2000 tras admitir que no existen mecanismos para el establecimiento de cuantías más o menos automáticas y que es inevitable un cierto componente de subjetividad, sin olvidar que también cabrá considerar, si no el beneficio obtenido, sí la reacción mostrada por el inminente frente a las reclamaciones del afectado, no ya para anudar efectos primitivos a la indemnización, sino para compensar el mayor sufrimiento que a éste hubiera podido ocasionar la indiferencia que el autor hubiera evidenciado por la suerte de sus vecinos.

La Sala valorando todas estas circunstancias y las razones de las partes litigantes, así como el suplico de la demanda, considera adecuado el importe de 250 euros al mes desde la fecha de notificación de la presente sentencia, en que por primera vez se estimó en parte la pretensión actora, y sólo en el caso de que continúen los ruidos por encima del límite permitido según el aludido informe del Ayuntamiento de Alcorcón. El motivo del recurso debe, por ello, ser estimado en parte.
UNDËCIMO.- La alegación tercera en cuanto impugnada la condena de costas, ha quedado sin contenido, al estimarse parcialmente el recurso y por ende, la demanda, lo que implica por aplicación de los arts. 394 y 398 LEC la no imposición de costas en ambas instancias a ninguna de las partes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
III.- FALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Donday Cuevas en la representación que tiene acreditada de DON …, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia núm. 2 de Alcorcón en los autos de juicio Ordinario núm. 160/04, debemos revocar y revocamos la sentencia en el sentido de estimar parcialmente la demanda condenando a los demandados DOÑA …, a que cesen de transmitir ruidos superiores a los establecido en las normas de aplicación, y a que abonen a los actores la cantidad de 250 euros al mes por los daños y perjuicios, desde la fecha de notificación de la presente sentencia, hasta la efectiva desaparición de tales ruidos. Sin expresa imposición costas en ambas instancias.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.